El oficialismo está decidido a frustrar la sesión especial que convocó un amplio sector de la oposición para el martes próximo en la Cámara de Diputados. En un fuerte mensaje de presión a los gobernadores, advirtió que si sus legisladores votan a favor de limitar el uso, por parte del Poder Ejecutivo, de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y aceptan derogar el decreto que flexibiliza las condiciones para renegociar la deuda, no les concederá las modificaciones que solicitaron en el presupuesto 2025.

Los libertarios no disimulan su preocupación por la ofensiva opositora prevista para el martes. Saben que los convocantes de la sesión –Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales críticos- ya reúnen los votos para darle al Gobierno este golpe por partida doble en la Cámara de Diputados. Los cálculos más conservadores anticipan, al menos 135 voluntades al momento de dar quorum.

La modificación de la ley que reglamenta los DNU requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Es decir, 129 avales. La derogación del decreto 846, que habilita al Gobierno a renegociar títulos de deuda sin el permiso parlamentario, necesita mayoría simple (mitad más uno de los presentes). Para el oficialismo es clave defender este decreto ya que, si el Congreso lo dejara sin efecto, se caería el canje de deuda que ya inició el ministro de Economía Luis Caputo con vistas a 2025.

Ante la amenaza opositora, los oficialistas apelarán al mismo libreto que utilizaron para blindar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario: restarle voluntades a la oposición a través de una presión directa sobre los gobernadores.

“Esta convocatoria atenta contra las negociaciones que se están llevando por el proyecto de ley de presupuesto 2025″, aseveraron los voceros del oficialismo en la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem. “Los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del gobierno”, acicatean y condicionan la asignación de presupuesto para obras públicas en sus provincias a que no den quorum la semana próxima.

En rigor de verdad, el Gobierno se limitó hasta ahora a escuchar las demandas de los mandatarios provinciales dialoguistas pero no se comprometió a conceder nada todavía. Es más, a casi dos meses de la presentación del proyecto de presupuesto 2025 por parte del presidente Milei, el oficialismo no convocó para discutir el dictamen y, menos aún, fijó fecha de tratamiento en el recinto.

A solo tres semanas del fin del año parlamentario, esta parsimonia que demuestra el Gobierno no hace otra cosa abonar las sospechas de buena parte de la oposición de que, en rigor, Milei preferiría finalizar el año sin ley de presupuesto –con la excusa de que el Congreso pretende modificárselo- para luego manejar las partidas del gasto a su entera discreción por medio de decretos presidenciales.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados niegan estas sospechas y enfatizan que su prioridad es la sanción del presupuesto 2025. Los opositores dudan y por eso pretenden ir con esta doble estrategia: limitar el uso de los DNU –para evitar que el Gobierno maneje el gasto a discreción- y, en paralelo, voltear el decreto 846, para quitarle discrecionalidad a Caputo en la renegociación de la deuda.

Este decreto es objetado por buena parte de la oposición porque le permite al Ministerio de Economía realizar canjes de bonos de deuda que haya emitido en cualquier moneda sin cumplir los requisitos fijados de la Ley de Administración Financiera (LAF) ni pasar por el Congreso.

Lo hizo al eliminar la necesidad de dar cumplimiento al artículo 65 de la LAF, es decir, aquellos requisitos que implican mejorar monto, tasa o plazo a favor del Estado (al menos dos de esas tres condiciones) y fijar por esta vía como único criterio el respeto de las cotizaciones de mercado de los papeles a canjear, algo que los analistas y operadores no dudan en calificar de “llamativamente laxo”.

Caputo pretendía incluir esta modificación en la Ley Bases, pero la oposición se lo denegó. Volvió a la carga al incorporarla en un artículo del proyecto de presupuesto 2025 pero, tal vez desconfiado de la actitud del Congreso, apeló al atajo del decreto.